Queremos una sociedad donde podamos desarrollar nuestras vidas con dignidad, de manera más libre e igualitaria. Sin embargo en los últimos años padecemos unas políticas que acrecientan el sufrimiento y la injusticia social, y esto está sucediendo, con muy pocas diferencias, en instituciones gobernadas por los partidos mayoritarios.

Las organizaciones abajo firmantes creemos que existen alternativas desde la justicia social y ambiental, que el futuro se puede construir de otra manera. Por eso nos comprometemos a impulsar, en todos los ayuntamientos y territorios donde sea posible, alternativas transformadoras sobre las siguientes bases:

– Transparencia y participación ciudadana frente a los abusos de Poder. Información pública detallada sobre puestos y salarios, ejecución presupuestaria, receptores de subvenciones, adjudicaciones y modificaciones de contratos públicos. Auditoría de deuda, duplicidades, despilfarros y privilegios. Presupuestos participativos, consejos de participación ciudadana y consultas vinculantes a la ciudadanía en los temas clave. Sueldos públicos austeros, ligados a la mejora del salario medio del conjunto de la sociedad. Código ético para las personas en puestos de representación pública.

– Reparto del trabajo frente al paro y la precariedad, promoviendo la reducción generalizada de la jornada laboral. Reparto equitativo del trabajo de cuidados.

– Reparto de la riqueza, a través de reformas fiscales que acaben con los privilegios de las rentas del capital frente al esfuerzo del trabajo en el sistema tributario. Lucha activa contra el fraude fiscal. Promover las redes de economía social y de la economía del bien común (banca ética, comercio justo, cooperativas de inserción…)

– Garantizar los derechos sociales con servicios y prestaciones dignos que permitan hacer frente a la pobreza, la exclusión, la dependencia y posibiliten la conciliación de la vida laboral y familiar. Defender los servicios públicos universales, sin discriminaciones, evitando las listas de espera y el copago por medio de una gestión eficiente sin ánimo de lucro. Apostar por el municipalismo mediante intervenciones comunitarias de ámbito local.

– Promover un nuevo modelo energético y urbano, que nos permita superar el cambio climático y la crisis energética actual. Priorizar el peatón, la bicicleta, el tren y el autobús frente al insostenible sistema de transporte basado en el vehículo privado. Desarrollar ciudades y pueblos más habitables, saludables y cercanos. Realizar una planificación del territorio sostenible y participativa, que proteja el medio natural y rural, frenando la construcción de infraestructuras viarias innecesarias.

– Gravar la vivienda vacía y paralizar desahucios, para garantizar el derecho básico al techo, frente a la especulación y la burbuja inmobiliaria. Rehabilitar el parque de viviendas, para acabar con las barreras arquitectónicas, impulsar la reducción del consumo energético y fomentar las energías renovables. Fomento de la vivienda pública de alquiler con unas rentas que no superen el 30% de los ingresos.

– Avanzar hacia el objetivo de “0 residuos” a través de la reducción, la reutilización y el reciclaje de los residuos urbanos, impulsando la recogida selectiva en origen y el compostaje de la materia orgánica. Afrontar el cierre gradual de los vertederos y rechazar la incineración como método de tratamiento.

– Promover la generación pública de electricidad por los municipios a partir de las fuentes renovables de energía y fomentar el autoconsumo doméstico generado con pequeñas instalaciones.

– Reforzar las políticas de igualdad real y efectiva y los planes de lucha contra la violencia machista de manera integral. Impulsar políticas contra la homofobia y la transfobia.

-Promover una sociedad intercultural e inclusiva que impulse la lucha contra la xenofobia.

– Trabajar en políticas específicas para las personas jóvenes, en los ámbitos del empleo, la vivienda, la educación, el ocio y la participación. Desarrollar planes municipales y forales de inserción sociolaboral para las y los jóvenes residentes, y de retorno para migrados.

– Considerar el acceso a la cultura y al deporte como un derecho ciudadano. Promover la diversidad cultural y los espacios de libertad creativa, frente a la homogenización mercantilista o identitaria. Priorizar instalaciones deportivas públicas y al aire libre, de uso gratuito. No subvencionar el deporte profesional.

– Fomento del euskera a través de planes de difusión basados en la gratuidad del aprendizaje, así como en la ampliación de los espacios para su uso, apostando por medidas inclusivas, adecuando los porcentajes en los perfiles lingüísticos a la realidad sociolingüística local.

– Trabajar activamente en pro del respeto hacia los animales, y por la supresión de la financiación pública de la tauromaquia y de otros espectáculos en los que se maltraten animales.

– Desarrollar en nuestros pueblos y ciudades una convivencia y una ética basadas en el respeto de todos los derechos humanos y en una memoria democrática deslegitimadora de la violencia, apoyando localmente el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica y experiencias ciudadanas restaurativas en la línea de las desarrolladas en Glencree y Nanclares.

– Solidaridad internacionalista contra la pobreza y la desigualdad, cumpliendo con el 1% de la cooperación al desarrollo.